La misión de la Coalición contra el Hambre es construir una comunidad sana mediante el acceso a buenos alimentos y abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria en colaboración con socios clave. La Coalición contra el Hambre está muy preocupada por el hecho de que la Administración Trump haya propuesto cambios sustanciales en las antiguas normas sobre la «carga pública», que serían perjudiciales para muchas personas a las que atendemos y perjudiciales para la salud general de nuestra comunidad.

Cuando los inmigrantes documentados que viven en Estados Unidos solicitan el estatuto de residente permanente (comúnmente conocido como «tarjeta verde»), las autoridades de inmigración han preguntado tradicionalmente si el solicitante podría llegar a depender principalmente de ayudas sociales en metálico (como el TANF) para decidir si le conceden la tarjeta verde solicitada. Esta investigación limitada sobre si la persona solicitante podría convertirse en una «carga pública» afectaba a relativamente pocos inmigrantes.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional propuso nuevas normas para ampliar en gran medida los tipos de ayudas públicas que pueden tenerse en cuenta al tomar decisiones sobre las solicitudes de Tarjeta Verde. Según las nuevas normas propuestas, el hecho de que una familia reciba prestaciones de SNAP (antes Cupones para Alimentos), Medicaid, subsidios de vivienda y similares (pero no WIC, Headstart, EITC o prestaciones de asistencia energética) puede utilizarse para denegar el estatus de Tarjeta Verde.

Uno de cada cuatro niños de nuestro país tiene un progenitor inmigrante. Si estas normas entran en vigor, imagina el dilema al que se enfrenta un padre inmigrante documentado que temporalmente no puede permitirse proporcionar suficiente comida buena a sus hijos (muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses). Si no aprovechan las prestaciones disponibles del SNAP, sus hijos podrían sufrir todo tipo de daños, desde una salud física debilitada hasta un bajo rendimiento académico. Sin embargo, si los padres reciben esas prestaciones de asistencia alimentaria a las que tienen derecho legalmente, esa decisión podría utilizarse para denegarles la tarjeta verde y arriesgarse a separarlos de sus hijos.

Por la misma razón, considera la cruel elección que se impone a esos padres cuando sus hijos enferman. Si reúnen los requisitos legales para recibir Medicaid, su hijo puede recibir los servicios sanitarios que necesite; pero si lo hacen, cuando el progenitor solicite la tarjeta verde, esa decisión de buscar asistencia puede utilizarse para denegarle el estatuto de residente permanente.

La Coalición contra el Hambre cree que estas nuevas normas propuestas violan los valores estadounidenses básicos de justicia y equidad fundamentales y deben ser objeto de una enérgica oposición. Los miembros de nuestra comunidad que respetan la ley y que se verían perjudicados por estas terribles decisiones merecen algo mejor que esto, y nosotros, como pueblo, somos mejores que eso.

Si estas normas entran en vigor y los miembros elegibles de nuestra comunidad deciden renunciar a su derecho a las prestaciones de asistencia alimentaria, en La Coalición contra el Hambre haremos todo lo posible para asegurarnos de que todas las familias del condado de Blaine tengan, a pesar de todo, buenos alimentos que poner en su mesa. Sin embargo, a pesar de la extraordinaria generosidad de quienes apoyan nuestro trabajo, la posible pérdida de las prestaciones del SNAP para nuestros vecinos podría perjudicar gravemente la salud general de nuestra comunidad.

Si las familias de los inmigrantes documentados se niegan a sí mismas el acceso a una buena alimentación o a los servicios sanitarios a los que tienen derecho legalmente debido al terrible dilema que plantean estas nuevas normas, nuestra comunidad en su conjunto sufrirá las consecuencias. Todos sabemos que a veces algunos de nosotros sufrimos desgracias que nos obligan a aprovechar temporalmente los programas de ayuda del gobierno mientras nos recuperamos. Si no fuera por estos programas, el efecto de una enfermedad o de un accidente de coche o de un despido laboral podría pasar de ser un contratiempo temporal a convertirse en un daño duradero no sólo para las familias individuales afectadas, sino también para el tejido de nuestra comunidad. Esto es tan cierto para los inmigrantes documentados como para los ciudadanos. Dicho sin rodeos, sería trágico para todos nosotros que la salud, la seguridad y los logros educativos de los niños con padres inmigrantes se vieran comprometidos debido al cruel efecto de estas normativas propuestas.

Aunque las normas aún no han entrado en vigor (y probablemente no lo harán hasta el año que viene como muy pronto), ya hay noticias en los medios de comunicación nacionales de que algunas familias de inmigrantes documentados están abandonando los programas SNAP, Medicaid e incluso los programas de almuerzos escolares por miedo a no poder obtener la tarjeta verde en el futuro. Además, existe el temor generalizado de que los actuales titulares de la Tarjeta Verde, que no se ven afectados por el reglamento propuesto, estén abandonando estos programas debido a la confusión causada por la extrema complejidad del borrador. Aunque aún no tenemos pruebas estadísticas definitivas de este tipo de desafiliación en el condado de Blaine, no hay motivo para suponer que las familias inmigrantes de nuestra comunidad se librarán de daños innecesarios similares.

Si quieres dejar constancia de tu oposición a estas normas crueles y miopes, puedes enviar un comentario al Departamento de Seguridad Nacional por vía electrónica a más tardar el 10 de diciembre de 2018 a través del siguiente sitio web: http://www.frac.org/publiccharge. También puedes enviar por correo electrónico tu declaración de oposición al diputado Mike Simpson (simpson.house.gov) y a nuestros dos senadores de Idaho.

Por último, y no menos importante, corre la voz entre tus amigos y vecinos sobre el peligro que estas nuevas normas suponen para la salud de nuestra comunidad. Cuanta más defensa pública haya contra su adopción, más posibilidades habrá de que las normas se retiren o se modifiquen significativamente.

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